Definición
En España no pueden pagarse en efectivo operaciones de 1.000 € o más cuando interviene un empresario o profesional — 10.000 € si el pagador es un particular no residente (art. 7 de la Ley 7/2012, reformado por la Ley 11/2021). El tope europeo de 10.000 € que trae el AMLR en 2027 cambia poco: la norma española es más estricta.
La regla española
Desde la reforma operada por la Ley 11/2021 (en vigor desde el 11 de julio de 2021), el art. 7 de la Ley 7/2012 limita los pagos en efectivo a menos de 1.000 € en las operaciones en las que alguna de las partes actúe como empresario o profesional. El límite sube a 10.000 € solo cuando el pagador es una persona física no residente que no actúa como empresario o profesional.
Cuidado con la etiqueta: es una norma tributaria
El límite de efectivo es una regla fiscal, vigilada por la Agencia Tributaria — no una obligación de la Ley 10/2010. Conviene no mezclarlas: una cosa es que un pago en efectivo esté prohibido por la normativa tributaria, y otra las obligaciones de prevención (identificar, examinar, comunicar) que la ley antiblanqueo impone a los sujetos obligados. Para los comerciantes de bienes, ambas piezas encajan: el efectivo de empresarios está capado en 1.000 €, y el supuesto que queda — efectivo de particulares no residentes por encima de 10.000 € — es exactamente el que el art. 38 de la Ley 10/2010 somete a obligaciones de prevención.
¿Y el tope europeo de 2027?
El AMLR introduce desde el 10 de julio de 2027 un tope de 10.000 € a los pagos comerciales en efectivo en toda la UE. En España el efecto es limitado: el límite nacional de 1.000 € es mucho más estricto y seguirá aplicándose — el reglamento europeo fija un techo común, no obliga a relajar los límites nacionales más severos. Para quien venda a clientes de otros Estados miembros, en cambio, el suelo común europeo sí igualará las reglas del juego.
Términos relacionados
Información general, no asesoramiento jurídico. Esta definición informa con carácter general sobre las obligaciones europeas y españolas de prevención del blanqueo de capitales. El marco regulatorio sigue evolucionando hasta 2027 — consulte las fuentes primarias (BOE, EUR-Lex y el SEPBLAC) y obtenga asesoramiento cualificado antes de actuar.